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La primera regulación de las profesiones sanitarias en España se produce en el siglo XIX, ya que el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino de 24 de julio de 1848 determinó que el ejercicio de las Profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria quedaba incluido en la rama de Sanidad.

Por la Ley de 28 de noviembre de 1855 sobre el Servicio General de Sanidad, se instituyeron los Jurados Médicos Provinciales de Calificación, que tenían por objeto prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometieran los profesionales en el ejercicio de sus facultades, así como regularizar sus honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa moral médica.

Tanto la Ley de 1855 como la Instrucción General de 12 de enero de 1904, se preocuparon de regular, aún de forma embrionaria, el ejercicio profesional de lo que denominaron "el arte de curar" con el establecimiento de un registro de profesionales a cargo de los Subdelegados de Sanidad.

La entrada en vigor, ya a mediados del siglo XX, de otras leyes sanitarias, supuso el abandono del sistema de ordenación seguido hasta entonces. La Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944 dedicó únicamente su base 12 a la organización profesional de médicos, practicantes y odontólogos, con una única previsión, la de la existencia de corporaciones profesionales.

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En la última década, ha crecido el número de Estados e instituciones políticas transnacionales, como la Unión Europea, interesados en legislar sobre los grupos de presión, es decir, la defensa política por parte de grupos de interés.Nota 1 Una de las principales funciones de la regulación de los grupos de presión, a menudo recogida expresamente en el texto de la legislación pertinente, es la mejora de la transparencia en torno a los procesos de toma de decisiones.Nota 2 El establecimiento de registros de transparencia nacionales y de la UE para las empresas y los actores que participan en los grupos de presión se basa en la idea de que la transparencia es fundamental para la rendición de cuentas y que el público debe poder ver cómo los grupos de presión tratan de influir en el sistema político.

Dado que cada vez se presta más atención a la necesidad de regular la actividad de los grupos de presión a nivel de la UE y de los Estados miembros, se plantea la cuestión de si dichos marcos reguladores deberían abarcar también determinados servicios prestados por los bufetes de abogados, y en qué medida. La implicación de los abogados y bufetes de abogados en los asuntos públicos está aumentando a través de una serie de actividades y servicios que están directa o indirectamente dirigidos a influir en los desarrollos normativos y legislativos y que, por lo tanto, no son diferentes de los realizados por las empresas de lobby. Todos los grandes bufetes de abogados con sede en Bruselas ofrecen servicios destinados a influir en la evolución legislativa: Covington & Burling LLP bajo el epígrafe "Public Policy";

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En 1977, la Asociación Mundial de Psiquiatría aprobó la Declaración de Hawai, que establecía las directrices éticas para la práctica de la psiquiatría. La Declaración se actualizó en Viena en 1983. Para reflejar el impacto de las actitudes sociales cambiantes y los nuevos avances médicos en la profesión psiquiátrica, la Asociación Mundial de Psiquiatría ha emprendido de nuevo una revisión de las normas éticas que deben acatar todos sus miembros y todas las personas que practican la psiquiatría.

La medicina es a la vez un arte de curar y una ciencia. La dinámica de esta combinación se refleja mejor en la psiquiatría, la rama de la medicina que se especializa en el cuidado y la protección de las personas enfermas o impedidas, debido a un trastorno o deficiencia mental. Aunque puede haber diferencias culturales, sociales y nacionales, la necesidad de una conducta ética y de una revisión continua de las normas éticas es universal.

Como profesionales de la medicina, los psiquiatras deben ser conscientes de las implicaciones éticas de ser médico y de las exigencias éticas específicas de la especialidad de psiquiatría. Como miembros de la sociedad, los psiquiatras deben abogar por un trato justo y equitativo de los enfermos mentales, por la justicia social y la equidad para todos.

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